Ciudad de México, 28 de julio de 2025. — En la conferencia matinal, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que las investigaciones sobre el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, deben continuar, pero siempre basadas en evidencia concreta y no en suposiciones o ataques mediáticos.
Durante su intervención, enfatizó que el gabinete de seguridad colabora con la Fiscalía de Tabasco para localizar y detener a Bermúdez, conocido como presunto líder del grupo delictivo La Barredora, vinculado al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Recordó que fue su administración quien inició las indagatorias a finales de 2024, mismas que condujeron a la carpeta de investigación y a una orden de aprehensión en marzo de 2025.
La mandataria aclaró que si bien se ha detenido a otra persona vinculada a la Secretaría de Seguridad de Tabasco con base en una orden de la Fiscalía federal, ello no implica responsabilidad alguna para figuras políticas como el coordinador senatorial de Morena, Adán Augusto López Hernández.
Insistió en que no hay ninguna investigación abierta contra el senador, quien ha declarado su disposición a responder preguntas si así se requiere.
Al hablar de comparaciones con otros casos, Sheinbaum insistió en que este asunto es diferente al del exsecretario de Seguridad federal, Genaro García Luna, quien fue premiado hasta el final de su gestión y condenado a 38 años en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico. En cambio, resaltó que el gobierno actual fue el que abrió la investigación contra Bermúdez, no el que lo encubrió.
La presidenta reafirmó:
“Las investigaciones deben seguir, pero con base en pruebas, no en presuntos o en linchamientos mediáticos.”
Y recalcó:
“No se puede responsabilizar a alguien hasta que no se demuestre lo contrario.”
En resumen
Sheinbaum refuerza una postura de cautela institucional y colaboración legal con la fiscalía estatal y federal, al tiempo que rechaza la posibilidad de un linchamiento político en los medios. Aclara que, sin evidencias formales, ninguna figura pública puede ser declarada responsable. También distingue claramente este caso del de García Luna, subrayando que aquí es el gobierno actual quien ha iniciado la acción legal.
